Fracasó la conciliación con la procesadora de nueces de Sanagasta, denuncian fraude laboral y llevarán al dueño a la Justicia penal

15:43 | Miércoles 14 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El conflicto por el cierre definitivo de la planta procesadora de nueces en Sanagasta ingresó en una fase judicial y política de extrema gravedad. En la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia, concluyó sin acuerdo la segunda audiencia de conciliación entre el propietario de la firma, Luis Giordano, y los 21 trabajadores despedidos. La parte patronal intentó forzar liquidaciones reducidas bajo el régimen de crisis del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, ofreciendo saldar las cesantías en seis cuotas de 500.000 pesos, propuesta que fue rechazada de plano por la asamblea obrera.

El caso tomó ribetes de escándalo institucional al confirmarse que el personal, compuesto en su mayoría por mujeres y madres de familia con antigüedades de entre 11 y 15 años, desempeñó tareas en condiciones de absoluta informalidad. Durante más de una década, la empresa operó en un galpón cedido gratuitamente por el municipio, con exención de tasas y subsidio en la tarifa eléctrica, sin registrar a los operarios ni realizar aportes previsionales o de seguridad social, dejándolos desprovistos de fondo de desempleo.

Frente al estancamiento de las negociaciones, el intendente de Sanagasta, José Luis Flores, se presentó en la sede laboral junto a los exempleados y confirmó que gestiona un auxilio extraordinario ante el gobernador Ricardo Quintela. En paralelo, el equipo legal de los damnificados anticipó una batería de denuncias en los fueros civil, laboral y penal contra el empresario por fraude, vaciamiento e incumplimiento de los deberes patronales.

Fracaso en Trabajo: oferta de miseria y rechazo al artículo 247

La audiencia celebrada este mediodía evidenció la distancia insalvable entre las partes. Las abogadas patrocinantes de los operarios, Ivana Cattáneo y Rocío Arias, desestimaron la pretensión empresaria de ampararse en el procedimiento preventivo de crisis para abonar indemnizaciones a la mitad de su valor legal. Las letradas señalaron que Giordano adeuda meses de salarios de este año y que la oferta global de tres millones de pesos no cubre siquiera las remuneraciones impagas.

La representación sindical y legal remarcó que las trabajadoras percibían sueldos congelados de 500.000 pesos mensuales, muy por debajo de las escalas del convenio del sector rural y agroindustrial, que superan el millón y medio de pesos. La propuesta patronal de licuar las cesantías en cuotas fijas fue calificada como una burla por los empleados, quienes recordaron que continuaron procesando y despachando nueces hasta la jornada previa al cierre intempestivo de la planta.

Ante la falta de alternativas viables y la negativa del propietario a efectivizar un pago a cuenta inmediato, las apoderadas dieron por cerrada la instancia administrativa. A partir de este momento, se solicitarán medidas cautelares urgentes sobre el patrimonio personal del empleador para asegurar el cobro de las acreencias laborales.

El peritaje contable: solvencia bancaria y bienes a su nombre

Uno de los puntos determinantes de la audiencia fue la impugnación de la supuesta quiebra invocada por la patronal. Las abogadas revelaron que un análisis preliminar de los estados contables de Giordano ante el Banco Central de la República Argentina determinó que se encuentra calificado en Situación 1, lo que acredita un historial crediticio normal sin atrasos financieros que justifiquen el cese intempestivo de actividades.

Asimismo, la investigación patrimonial detectó la existencia de vehículos y activos registrados a nombre exclusivo del titular de la empresa. Durante el intercambio en la mesa de diálogo, el propio empresario reconoció la titularidad de esos bienes y condicionó el desembolso de fondos a una eventual venta particular, argumento que terminó por dinamitar la confianza de los delegados y aceleró la decisión de recurrir a la Justicia penal.

Cattáneo y Arias adelantaron que articularán acciones civiles por daños y perjuicios, agravadas por figuras de violencia de género económica contra las operarias, y promoverán denuncias penales por estafa y desapoderamiento de bienes. Las abogadas exigirán el embargo preventivo de las cuentas y bienes del titular para resguardar la reparación integral de los trabajadores.

Quince años en la informalidad y custodia de maquinarias

Los testimonios de las trabajadoras expusieron un régimen de precariedad extrema sostenido a lo largo del tiempo. Las operarias relataron que desarrollaban sus tareas sin indumentaria adecuada, guantes ni sanitarios en condiciones, manipulando la producción tanto en épocas de frío como de calor sin seguro de accidentes de trabajo. Cuando inspectores bromatológicos o provinciales visitaban el establecimiento, las irregularidades eran deliberadamente ocultadas.

La planta de Sanagasta permanece actualmente cerrada, pero las maquinarias industriales y las líneas de procesado se encuentran bajo inventario y custodia notarial. Los trabajadores montaron una guardia permanente para impedir el retiro de los equipos del predio municipal, advirtiendo que los activos técnicos constituyen la única garantía real para cobrar sus indemnizaciones o evaluar la conformación de una cooperativa de trabajo.

El intendente Flores, quien coordina acciones con el diputado provincial Federico Sbíroli y mantendrá reuniones con el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, advirtió que se trata de la cuarta empresa que suspende operaciones en el departamento producto de la recesión económica. Las familias damnificadas anticiparon que, de no mediar una respuesta concreta en las próximas horas, marcharán a la Casa de las Tejas para exigir la intervención directa del Ejecutivo provincial.