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A través del Expediente 636, la Legislatura busca contener la parálisis productiva en Chilecito tras una cruda presentación de SOEVA. Registran 40 firmas paralizadas, corte de bombeo en más de 70 perforaciones y 2.000 hectáreas de viñedos en riego
Miércoles 14 de Octubre de 2026
14:05 | Miércoles 14 de Octubre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La crisis estructural que golpea a las economías regionales del oeste provincial tomó estado parlamentario formal. Mediante el Expediente 636, ingresó a la Cámara de Diputados de La Rioja un proyecto de ley para declarar la Emergencia Productiva, Tarifario-Energética y Laboral del sector vitivinícola y agroindustrial conexo en el Valle Antinaco – Los Colorados. La iniciativa, que abarcará a los departamentos Chilecito y Famatina por un plazo inicial de 180 días, responde a un dramático documento elevado por el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (SOEVA).
El relevamiento territorial elaborado por la organización gremial desnudó una retracción productiva sin precedentes en el principal polo vitivinícola riojano. De un padrón histórico de 110 empresas registradas en la jurisdicción, solo 70 permanecen activas, lo que confirma que 40 firmas —el 36,4% del total— cesaron sus operaciones de forma definitiva o transitoria. Entre los casos de mayor impacto social figuran la clausura de establecimientos emblemáticos como Viña Famatina, en Anguinán, y Alameda Riojana, en Tilimuqui, junto a atrasos generalizados en el pago de salarios.
La presentación legislativa expone un doble estrangulamiento económico sobre las fincas y bodegas: por un lado, el aumento de las tarifas eléctricas que tornó impagable el bombeo de agua subterránea; por el otro, la caída del consumo interno nacional y el desplome del precio de la uva en finca, que dejó las liquidaciones por debajo de los costos de cosecha y acarreo. Frente a ese cuadro, el texto propone un salvataje urgente que combina la suspensión de cortes de energía, diferimientos impositivos y asistencia crediticia.
El informe de SOEVA: 40 bodegas cerradas y viñedos históricos sin luz
El diagnóstico gremial incorporado a los fundamentos del proyecto reveló que el incremento en los cuadros tarifarios derivó en una acumulación de deudas impagables para los productores de riego presurizado. Como consecuencia directa, más de 60 perforaciones y pozos agrícolas se encuentran actualmente fuera de servicio por corte del suministro eléctrico, provocando el abandono inmediato de más de 1.000 hectáreas de viñedos y dejando otras 1.000 hectáreas bajo amenaza inminente de secado.
La parálisis de los pozos profundos alteró el ciclo hídrico en un valle donde la producción depende íntegramente de la extracción mecánica de agua subterránea. Esta situación aceleró la informalidad laboral en las cuadrillas rurales, desfinanció los aportes a la obra social vitivinícola y dejó al borde de la quiebra a cooperativas y pequeñas explotaciones familiares que no logran sostener los costos fijos de explotación.
En los fundamentos de la iniciativa se remarca que la normativa nacional de Emergencia Agropecuaria (Ley 26.509) resulta insuficiente para atender la coyuntura, dado que fue concebida para mitigar desastres climáticos como sequías o granizo, y no para amortiguar desfasajes provocados por la desregulación macroeconómica y el encarecimiento de los insumos energéticos.
Freno a los cortes de EDELAR y refinanciación de deudas de riego
El corazón operativo del proyecto radica en su Capítulo Tarifario, donde se instruye a la distribuidora estatal EDELAR a encuadrar de oficio a los productores en el régimen de tarifa especial para riego agrícola. Asimismo, el artículo 8° establece un plan de regularización de deudas por consumo eléctrico en hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin la aplicación de intereses punitorios para quienes se inscriban en el Registro Provincial de Productores en Emergencia.
Como contrapartida central para frenar el secado de los viñedos, el artículo 9° dispone la prohibición expresa de ejecutar cortes de energía en las perforaciones agrícolas del Valle Antinaco mientras dure la vigencia de la ley, siempre que los titulares se mantengan al día con las cuotas del plan de pago acordado. La medida busca restablecer el flujo de riego en las zonas más críticas antes del inicio de las altas temperaturas estivales.
Para coordinar la aplicación del régimen, se crea la Mesa de Diálogo Sectorial Vitivinícola con carácter permanente, integrada por el Ministerio de Producción, la Municipalidad de Chilecito, SOEVA, las cámaras empresariales, la Legislatura y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El organismo tendrá a su cargo el seguimiento de las perforaciones rehabilitadas y la fiscalización del cumplimiento de los convenios laborales.
Alivio fiscal en Ingresos Brutos y el espejo de los modelos de Cuyo
En materia impositiva, la propuesta faculta a la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) a otorgar un diferimiento de hasta 180 días en el pago del impuesto a los Ingresos Brutos para la producción primaria, fraccionamiento y comercialización de uva, junto con la exención transitoria de tasas retributivas provinciales. La medida procura dar un respiro financiero a un sector que aporta una porción sustancial del producto bruto geográfico departamental.
El proyecto también autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar ante el Banco Rioja líneas de crédito a tasa subsidiada con períodos de gracia, destinadas a capital de trabajo, labores de poda, atado y reactivación de bombas. A su vez, el artículo 12° contempla la creación del Fondo Provincial de Estabilización Vitivinícola para articular mecanismos de precio sostén y compra de excedentes, tomando como referencia herramientas implementadas en Mendoza y San Juan.
La iniciativa legislativa se convierte en una prueba de fuego para el oficialismo parlamentario en la Perla del Oeste. En momentos donde la dirigencia chileciteña reclama un rol protagónico en la mesa de arena del poder provincial para 2027, el tratamiento del Expediente 636 obligará a las autoridades provinciales y municipales a brindar respuestas concretas a un sector productivo que reclama medidas de fondo para evitar la desaparición de su matriz económica.
El proyecto
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