Según el New York Times, Maduro avaló personalmente el plan para entregar concesiones energéticas a EE.UU., para detener la escalada militar en el Caribe.
10:21 | Sábado 11 de Octubre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Son horas decisivas para el régimen de Nicolás Maduro. En medio de una escalada de tensión política y militar, una investigación publicada por el New York Times reveló que altos funcionarios venezolanos ofrecieron a la administración de Donald Trump una participación dominante en los sectores petrolero, gasífero y minero del país.
El objetivo, según el medio estadounidense, era frenar el aumento de la presencia militar de EE. UU. en el Caribe, aliviar las sanciones económicas y evitar una posible intervención directa.
Las conversaciones fueron encabezadas por el entonces enviado especial de Washington, Richard Grenell, y contaron con el aval directo de Nicolás Maduro. El plan incluía revertir contratos energéticos con China, Rusia e Irán, restablecer el flujo de petróleo hacia Estados Unidos y otorgar contratos preferenciales a empresas norteamericanas.
Washington bloqueó el acercamiento: “Nicolás Maduro es un fugitivo de la justicia”
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el sector más duro del gobierno estadounidense, encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, quien calificó a Maduro como “fugitivo de la justicia estadounidense” y se opuso a cualquier tipo de acercamiento diplomático.
Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, presentó en Nueva York un plan alternativo para la reconstrucción económica de Venezuela bajo un gobierno democrático.
Su asesora, Sary Levy, advirtió al New York Times que “lo que Maduro ofrece no es estabilidad, sino control, un control sostenido por la represión y el miedo”.
Las Fuerzas Armadas venezolanas se preparan para un posible estado de excepción
En paralelo, las Fuerzas Armadas Bolivarianas intensificaron sus maniobras de defensa ante la posibilidad de que Maduro decrete un “estado de conmoción exterior”. La medida respondería a la creciente presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, donde se desplegaron destructores, cazas y un submarino nuclear, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Caracas denunció la destrucción de embarcaciones venezolanas y la muerte de 21 tripulantes, hechos que calificó como “agresiones ilegítimas”. En respuesta, Maduro ordenó ejercicios nacionales de defensa territorial y coordinación civil-militar, involucrando a soldados profesionales, milicianos y líderes comunitarios.
Los simulacros buscan mantener las comunicaciones operativas durante emergencias mediante radios, mensajeros y redes populares. Según el Ejecutivo, el objetivo es “garantizar la soberanía nacional” ante cualquier intento de desestabilización.
Venezuela, entre la negociación y la supervivencia
Pese a los rechazos políticos, algunas compañías energéticas estadounidenses y europeas mantienen operaciones limitadas en el país. Chevron recuperó su licencia para exportar crudo, mientras Shell fue autorizada a retomar la producción de gas en el yacimiento Dragón, bajo una cláusula que la obliga a invertir en proyectos sociales en lugar de pagar al Estado.
El gobierno de Maduro intenta sostener un delicado equilibrio: proyectar firmeza ante las amenazas externas y, al mismo tiempo, abrir canales discretos con Washington para sobrevivir a las sanciones. Sin embargo, la crisis estructural persiste: la producción petrolera ronda apenas el millón de barriles diarios, la inflación se mantiene desbordada y más de siete millones de venezolanos han abandonado el país en la última década.
Entre la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos y el riesgo de un estado de excepción, Venezuela enfrenta una encrucijada histórica: decidir si profundiza su aislamiento o inicia un giro pragmático para ganar tiempo ante una posible escalada militar.
