El Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que reforma el sistema de inteligencia nacional, comenzó a generar una fuerte preocupación en distintos sectores políticos, jurídicos y sociales.
00:29 | Viernes 02 de Enero de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
Tras el análisis de su contenido —19 páginas firmadas por el presidente Javier Milei y su gabinete—, se advierten modificaciones de extrema gravedad institucional.
Entre los puntos más sensibles, el DNU habilita a los agentes de inteligencia a realizar aprehensiones sin orden judicial, lo que en la práctica transforma a la SIDE en una fuerza parapolicial, alterando los límites constitucionales entre inteligencia y seguridad interior.
Asimismo, el decreto establece que todas las actividades del sistema de inteligencia revisten carácter encubierto, una definición amplia e imprecisa que abre la puerta a abusos y dificulta cualquier mecanismo de control democrático.
Otro aspecto crítico es la posibilidad de disponer de personal militar y de fuerzas de seguridad para tareas de inteligencia, sin especificar cantidad de efectivos ni plazos, lo que profundiza la confusión de roles y debilita los controles civiles.
El DNU también concentra el control presupuestario del Sistema de Inteligencia Nacional en la SIDE, afectando la autonomía de áreas clave. Incluso, directores de inteligencia de las Fuerzas Armadas pasarían a depender más del titular de la SIDE que de sus propias cadenas de mando.
En paralelo, la actual Agencia de Seguridad Nacional se transforma en Agencia Nacional de Contrainteligencia, cuyas tareas quedan exceptuadas de prohibiciones expresas vinculadas a funciones represivas, lo que genera alerta especial en el ámbito periodístico y de la libertad de expresión.
Además, se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Militar y se la reemplaza por un área dependiente del Estado Mayor Conjunto, quitando al Ministerio de Defensa su capacidad de inteligencia propia y trasladando poder a la estructura militar.
En conjunto, el DNU configura un retroceso institucional, fortalece una lógica de Estado represivo y opaco, y debilita derechos y garantías constitucionales.
■ Desde distintos sectores se reclama que el Congreso rechace este DNU y que cualquier reforma al sistema de inteligencia sea debatida y aprobada mediante una ley, con participación parlamentaria y control democrático.
