A 2 días de su creación, la Oficina de Respuesta Oficial usó un dato erróneo para desmentir a una periodista

La flamante Oficina de Respuesta Oficial, que lanzó Javier Milei para confrontar las “fake news”, tuvo un estreno insólito. A menos de dos días de su creación, la cuenta quedó envuelta en una polémica por el uso de información incompleta en un cruce público con la periodista María O’Donnell.

La cuenta administrada por Juan Carreira, director nacional de Comunicación Digital y hombre de máxima confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, criticó una afirmación realizada por la conductora en su programa de Urbana Play.

El eje fue el proyecto oficial para reducir la edad de imputabilidad penal, que originalmente buscaba llevarla de 16 a 13 años, aunque los aliados del oficialismo presionan para fijarla en 14.

Durante una entrevista con el abogado penalista Fernando Soto, asesor parlamentario de Patricia Bullrich, la comunicadora señaló que una eventual aprobación de la iniciativa colocaría a la Argentina entre los países con menor edad de imputabilidad. La respuesta oficial fue inmediata: la oficina calificó esa afirmación como “incorrecta” o “falsa” y citó el caso de Uruguay, donde —según el mensaje— desde 2004 se juzga a menores de entre 13 y 17 años.

La controversia por el modelo uruguayo y los datos omitidos

El planteo, sin embargo, omitió un dato central del marco legal uruguayo. En ese país fracasó en 2014 un intento de reforma constitucional que buscaba aplicar el Código Penal de adultos a adolescentes. Lo que rige actualmente es un régimen específico contemplado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, distinto al sistema penal ordinario.

En los hechos, Uruguay permite procesar penalmente a adolescentes de entre 13 y 18 años, con penas que pueden llegar hasta los diez años de privación de libertad, pero siempre bajo un esquema especial y no con las mismas reglas que se aplican a mayores de edad. Es decir, no se trata de una equiparación plena con el sistema penal adulto.

Aun así, desde la oficina que encabeza Carreira difundieron un comunicado en el que sostuvieron que “la Argentina, con una edad mínima de imputabilidad de 16 años, se encuentra entre las más altas del mundo occidental”, y advirtieron que “presentar datos incorrectos o incompletos no es un error menor: distorsiona el debate público y confunde deliberadamente a la audiencia”.

El debate sobre la edad de imputabilidad penal en Uruguay alcanzó su punto máximo entre 2013 y 2014, cuando se impulsó un plebiscito constitucional para bajar el umbral de 18 a 16 años en delitos graves. La consulta coincidió con las elecciones nacionales de octubre de 2014 y no logró superar el requisito de la mitad más uno de los votos válidos, por lo que la reforma fue rechazada.

La propuesta había sido promovida por sectores del Partido Colorado y el Partido Nacional, mientras que el Frente Amplio encabezó una fuerte campaña bajo la consigna “No a la Baja”, con movilizaciones y pronunciamientos públicos de referentes culturales y sociales.

El antecedente del plebiscito y el sistema penal juvenil en Uruguay

Pese al rechazo de la reforma constitucional, el régimen especial vigente permite que los adolescentes sean declarados responsables penales como autores, coautores o cómplices. Dependiendo de la gravedad del delito, pueden aplicarse medidas socioeducativas o directamente la privación de la libertad.

El Código prevé restricciones como arresto domiciliario, controles electrónicos, prohibiciones de contacto o desplazamiento, y, en los casos más graves —como homicidio agravado, violación, rapiña o secuestro—, el encierro en centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). Incluso al cumplir los 18 años, los jóvenes no son trasladados a cárceles de adultos, sino que continúan bajo ese régimen especial.