La Justicia riojana condenó al Estado provincial a pagar más de $7.000 millones al Golf Club por la expropiación ilegal

16:22 | Miércoles 08 de Abril de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

...y costas por «desobediencia a las normas constitucionales». El mismo Estado que no pagó la valuación fiscal ordenada en 2022 ahora tiene encima una condena millonaria.

La historia de la expropiación del Golf Club La Rioja tiene un nuevo capítulo —y el más costoso hasta ahora para las arcas provinciales. La Sala Unipersonal 4 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, a cargo de la doctora María H. Paiaro, hizo lugar a la demanda de expropiación inversa promovida por el Golf Club La Rioja Asociación Civil contra el Estado Provincial y lo condenó a pagar una indemnización que supera los siete mil millones de pesos.

La sentencia, dictada el 11 de agosto de 2025 en el expediente N° 10201210000027651, Letra «G», Año 2021, establece dos montos: $6.679.823.921 en concepto de indemnización principal, más $341.469.100 por mejoras realizadas en el predio. Sobre ambas sumas corren intereses a la tasa activa del Banco Nación Argentina desde el 24 de noviembre de 2024 —fecha fijada como valuación—, más las costas del proceso, que el tribunal impuso expresamente «atendiendo la conducta del expropiante en cuanto a la desobediencia de las normas constitucionales y a las resoluciones de esta Sala».

La frase que lo dice todo

Esa última parte de la sentencia es la que más pesa políticamente. El tribunal no se limitó a fijar un monto: calificó la conducta del Estado Provincial como desobediencia a las normas constitucionales y a sus propias resoluciones. No es una evaluación menor viniendo de la Cámara que tuvo el expediente durante años y pudo verificar de primera mano cómo el Gobierno ignoró sistemáticamente las órdenes de depositar siquiera la valuación fiscal.

Como informó eduardogerman.com, en octubre de 2022 la Justicia había ordenado al Estado que depositara las sumas correspondientes a las valuaciones fiscales de los inmuebles expropiados. Esa orden nunca se cumplió. Ahora, tres años después, la condena es exponencialmente mayor —con intereses corriendo desde noviembre de 2024— y el mismo patrón de conducta que caracterizó al Gobierno durante el proceso está a la vista en los fundamentos del fallo.

La pregunta que nadie responde: ¿pagó el Gobierno?

Al momento de publicarse esta nota, el Gobierno de Ricardo Quintela no realizó ningún pago en cumplimiento de la sentencia, ni efectuó comunicación oficial alguna sobre la existencia del fallo o su intención de acatarlo. La pregunta es pertinente porque la conducta histórica del Estado Provincial en este expediente ha sido la de ignorar las órdenes judiciales hasta que la presión institucional se vuelve insostenible.

El antecedente inmediato no es alentador: cuando en 2022 el tribunal ordenó depositar la valuación fiscal —un monto infinitamente menor al de la condena actual—, la Provincia nunca lo hizo. Fue precisamente esa desobediencia la que llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde dos expedientes vinculados a la misma expropiación aguardan resolución en la Vocalía N° 3.

El contexto financiero que complica todo

La pregunta sobre el pago no es solo política sino también presupuestaria. La Rioja atraviesa una crisis fiscal de proporciones: está en default con sus bonistas internacionales desde febrero de 2024, acumula sentencias en tribunales de Nueva York y Massachusetts, y enfrenta una moción de incautación sobre el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco. En ese contexto, encontrar más de siete mil millones de pesos para pagar una condena judicial —más los intereses que siguen corriendo a tasa activa— no es un ejercicio menor.

Si la Provincia no paga, los abogados del Golf Club tienen a disposición los mecanismos de ejecución de sentencia previstos en el código procesal riojano, que podrían incluir el embargo de fondos de coparticipación u otros activos provinciales. Un camino que, a la luz de los antecedentes de este expediente, parece cada vez más probable.

La expropiación del Golf Club La Rioja comenzó en 2021 como un acto de poder. Cuatro años después, se ha convertido en una cadena de consecuencias judiciales que el Gobierno de Quintela no logra detener —y que el erario provincial tendrá que pagar, tarde o temprano, con intereses.