El gobierno de Bolivia dijo que Evo Morales deberá enfrentarse a la ley: “Tenemos que acabar con esta estructura narcomafiosa”

19:06 | Sábado 20 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

El estado de excepción en Bolivia marcó este sábado una nueva escalada política, después de que el Gobierno advirtiera que Evo Morales deberá enfrentarse a “la ley” por promover movilizaciones y bloqueos, mientras el presidente Rodrigo Paz decretó la medida para liberar las carreteras del país.

El Gobierno boliviano sostiene que Morales promovió movilizaciones antigubernamentales y bloqueos de carreteras que exigen la renuncia de Paz. En ese contexto, el Ejecutivo declaró el estado de excepción tras siete semanas de protestas y ordenó acciones para restablecer el libre tránsito.

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, lanzó la advertencia más directa contra el ex mandatario. “Con Evo Morales, la ley, con el narcoterrorismo, la ley. Ya haremos las operaciones que sean necesarias en el momento debido, guerra avisada no matamoros, pero con ellos la ley”, afirmó durante una entrevista con Unitel.

“Es una política de gobierno que tenemos que acabar con esta estructura narcomafiosa que ha estado haciendo los desvanes que han hecho durante sus últimos 40, 50 días en nuestra patria”, agregó.

Oviedo sostuvo que el ex presidente y líder cocalero es responsable de una larga lista de delitos como “terrorismo, narcotráfico, violencia, daño a la economía nacional y muertes en las carreteras”.

Asimismo, ante una eventual intervención en el Trópico, donde se refugia Morales, Oviedo advirtió que el estado de excepción tiene alcance nacional: “Si se tiene que ingresar, se va a ingresar o se verá qué plan ofrecen la Policía y las Fuerzas Armadas”.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, también se expresó tras el estado de excepción e hizo foco en la figura de Evo Morales, a quien calificó como la “manzana podrida” de el Chapare. “A la manzana podrida hay que sacarla. Yo pienso que allá hay gente buena, entonces, hay que sacar la manzana podrida y seguir adelante. El desarrollo se da donde no hay bloqueo”, comentó en diálogo con El Deber.

El ministro sostuvo que, como Estado, se actuará bajo la ley, “bajo la Constitución”, y que “la idea es que se tenga una reconstrucción de la patria” con carreteras despejadas “para que podamos exportar, podamos recibir alimentos, podamos recibir combustible”.

Ante la consulta sobre qué significa “sacar la manzana podrida del Chapare”, Zamora explicó: “Esa manzana podrida tiene cuentas pendientes con la ley, entonces yo no entiendo por qué los chapareños están defendiendo a la persona que tiene que ir ante la ley. No es algo beneficioso para ellos esa manzana podrida, por lo tanto, tiene que salir del Chapare para que también ellos vuelvan a la normalidad”.

Paz encuadró la crisis como una ofensiva contra el orden democrático. “Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”, manifestó.

El mandatario añadió que detrás de las protestas hay “estructuras políticas organizadas” que, según dijo, operan desde el Chapare o Trópico de Cochabamba. También sostuvo que su Gobierno agotó las instancias de diálogo antes de tomar la decisión.

Qué implica el estado de excepción decretado por Rodrigo Paz

Paz informó en redes sociales y en un mensaje televisado que dispuso la medida “para liberar las carreteras del país”. Según explicó, el objetivo es recuperar los caminos, asegurar el abastecimiento y restablecer la normalidad.

La información difundida por la Presidencia señala que el decreto no suspende derechos. Aun así, prohíbe los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y otros elementos violentos.

El Ejecutivo también ordenó el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía para resguardar rutas estratégicas e infraestructura esencial. Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, precisó que “no existe toque de queda en ningún lugar del país”.

Bolivia registraba este sábado 44 puntos de bloqueo en cuatro de sus nueve regiones, en las primeras horas de aplicación de la medida. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 19 cortes en La Paz, 12 en Cochabamba, 11 en Oruro y dos en Santa Cruz.

Desde temprano, agentes policiales y maquinaria pesada iniciaron tareas para retirar material de las vías en zonas como El Alto. En Cochabamba también hubo despliegues para levantar cortes, mientras militares resguardaban sectores como Parotani para impedir nuevas interrupciones.

Las autoridades señalaron que, a diferencia de semanas anteriores, en algunos puntos no había manifestantes. El operativo se concentró en las principales zonas de conflicto, donde persistían los cierres de carreteras.

El costo del conflicto y la revisión del decreto en el Legislativo

Los bloqueos comenzaron el 6 de mayo, encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz para exigir la renuncia de Paz. La COB levantó las medidas tras firmar un acuerdo con el Gobierno, pero los campesinos paceños y los sectores afines a Morales rechazaron ese acercamiento y anunciaron que mantendrán la presión.

En el frente institucional, Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia y titular del Legislativo, convocó una sesión para las 23:00 hora local del sábado para tratar el decreto. La Constitución otorga a la Asamblea Legislativa hasta 72 horas para aceptar o rechazar el estado de excepción, mientras el viceministro Wilson Santamaría confirmó que el Ejecutivo ya remitió la disposición al Parlamento.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió respaldo para la medida. “El Legislativo debe aprobar” la disposición del Ejecutivo porque “la libertad de millones vale más que los bloqueos de unos miles”, escribió.

Quiroga añadió que su sector optó por respaldar el decreto pese a sus objeciones sobre el tiempo, las capacidades y la forma. La crisis ya deja un saldo de al menos 16 muertos, desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y pérdidas estimadas en $3.000 millones.