El abogado Christian Matzkin analizó el crecimiento de los préstamos informales y explicó cómo la necesidad económica puede llevar a las personas a quedar atrapadas en tasas e intereses desproporcionados.
19:12 | Martes 01 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fenix, el abogado Christian Matzkin se refirió al avance de la usura y a la creciente utilización de préstamos informales por parte de personas que, ante la falta de acceso al sistema bancario, recurren a prestamistas particulares para afrontar sus necesidades económicas.
Matzkin sostuvo que el fenómeno está estrechamente relacionado con el deterioro de las condiciones económicas. “Mientras más se va empobreciendo una sociedad, mayores son las conductas típicas de usura y de estafa que se producen”, afirmó. En ese sentido, explicó que muchas personas recurren al denominado “prestamista de calle” porque no pueden acceder a un crédito bancario.
Para graficar la magnitud del problema, planteó: “Te va a prestar un millón y en 12 cuotas vas a terminar devolviendo 30 millones”. Según explicó, la diferencia entre un préstamo regulado y uno informal puede ser enorme, especialmente cuando se aplican intereses y condiciones que resultan desproporcionados.
El abogado explicó que, desde el punto de vista jurídico, existe usura cuando una persona se aprovecha de la situación de vulnerabilidad, necesidad económica, ligereza o inexperiencia de otra para obtener o hacer prometer intereses u otras ventajas económicas evidentemente desproporcionadas respecto de la prestación realizada.
Matzkin remarcó que la problemática no es exclusiva de La Rioja ni de Argentina, sino que tiene antecedentes históricos. Incluso mencionó el Código de Hammurabi y sostuvo que la figura de la usura existe desde hace siglos.
Además, señaló que el contexto económico juega un papel central. “No es que la gente está sacando plata para ir a timbiar”, sostuvo, y afirmó que muchas personas solicitan estos préstamos para cubrir necesidades básicas como alimentos, servicios o medicamentos.
Finalmente, consideró que la problemática debe ser abordada también desde las políticas públicas y la Justicia, con especial atención en la protección de quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. En ese marco, remarcó la necesidad de que cualquier herramienta legal destinada a intervenir sobre estos casos respete los principios constitucionales y convencionales.