Malvinas y petróleo: la Cancillería rechazó la guía británica y anticipó nuevas acciones

La Cancillería argentina respondió con dureza a la guía publicada por el gobierno del Reino Unido para empresas y particulares que realizan actividades económicas en las Islas Malvinas, en medio de la creciente disputa por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

El documento británico, titulado “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, respalda las actividades económicas desarrolladas en el archipiélago, incluida la explotación de recursos naturales como los hidrocarburos, y sostiene que la legislación argentina no resulta aplicable en las islas. Además, Londres ofreció asistencia a empresas que enfrenten presiones o acciones derivadas de las medidas adoptadas por Argentina.

Frente a esa posición, la Cancillería argentina emitió un comunicado oficial en el que manifestó su “más enérgico rechazo” a la publicación británica y acusó al Reino Unido de promover actividades comerciales e hidrocarburíferas que Argentina considera ilegítimas.

La respuesta argentina a la guía británica

El Gobierno argentino reafirmó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes forman parte del territorio nacional argentino y sostuvo que se encuentran “ilegítimamente ocupados” por el Reino Unido.

La Cancillería también vinculó la respuesta con los avances anunciados por Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum en torno al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas próximas a las Malvinas.

Según el comunicado, tras la denominada “Decisión Final de Inversión” de las compañías, la Argentina convocó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregar notas formales de protesta.

En esos encuentros, el Gobierno argentino cuestionó el avance del proyecto Sea Lion y “la totalidad de los actos conexos”, entre ellos las licencias otorgadas de manera unilateral, las normas británicas y los llamados destinados a incorporar proveedores y empresas al desarrollo petrolero.

El Reino Unido, en cambio, sostiene oficialmente que el Gobierno de las Islas Malvinas es responsable de regular la actividad económica del archipiélago y respalda el desarrollo de sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

Argentina advierte que aplicará sus leyes

Uno de los puntos centrales de la respuesta argentina fue la advertencia dirigida a las empresas que participen directa o indirectamente de actividades hidrocarburíferas que el Gobierno considera no autorizadas.

La Cancillería recordó que, por decisión del presidente Javier Milei y mediante el Decreto 868/2026, se reforzó el marco legal para sancionar a empresas, inversores o proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.

El comunicado menciona específicamente las Leyes 26.659 y 26.915, que establecen mecanismos de sanción para quienes participen en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina.

“La legislación nacional se aplicará con todo su rigor”, sostuvo el Gobierno argentino.

En ese sentido, la Cancillería remarcó que ninguna guía emitida por un gobierno extranjero ni una decisión comercial privada puede, desde la posición argentina, ubicarse por encima del derecho nacional y del derecho internacional.

La Cancillería informó que ya envió unas 180 advertencias

El Gobierno también dio a conocer el alcance de las medidas adoptadas hasta el momento.

Según el comunicado oficial, la Cancillería envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas ubicadas en 30 países. Además, inició 60 procedimientos administrativos y el canciller realizó tres denuncias penales que alcanzan a unas 10 compañías y a sus directivos.

La ofensiva se concentra especialmente en las empresas relacionadas con el desarrollo de Sea Lion, proyecto que se encuentra en el centro de la disputa entre Buenos Aires y Londres.

La guía británica, por su parte, reconoce que empresas y particulares pueden recibir comunicaciones de las autoridades argentinas, pero sostiene que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas ni a aplicar allí su legislación interna. También recomienda a las compañías que reciban amenazas o acciones legales obtener asesoramiento jurídico independiente.

Archivo

Cruce por la resolución de Naciones Unidas

La Cancillería argentina también cuestionó las acciones británicas por considerar que vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Según el comunicado, esa resolución insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras permanezca pendiente una solución pacífica de la disputa de soberanía.

Para Buenos Aires, el desarrollo de nuevas actividades hidrocarburíferas constituye además una medida con “efectos futuros potencialmente irreversibles”, debido a que podría comprometer recursos naturales que la Argentina considera propios.

Reino Unido ofrece respaldo a las empresas

La publicación británica había marcado un nuevo capítulo en la disputa diplomática. Londres no solo ratificó su posición sobre la soberanía, sino que estableció mecanismos de respaldo para las compañías que puedan verse afectadas por las medidas argentinas.

El Gobierno británico señaló que está dispuesto a intervenir ante empresas u otros actores de terceros países cuando una compañía, subsidiaria o proveedor enfrente presiones relacionadas con actividades que el Reino Unido considera legítimas en las islas.

El documento también sostiene que medidas argentinas aplicadas en el pasado no impidieron, según la posición británica, el crecimiento de la economía de las islas.

La respuesta de la Cancillería eleva así la tensión en torno al proyecto Sea Lion, mientras el Gobierno de Milei avanza con nuevas herramientas legales para sancionar a las empresas involucradas y reafirma que buscará defender el reclamo argentino de soberanía.

El comunicado concluyó con una definición que sintetiza la posición oficial argentina: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.