“A La Rioja todos los meses le roban 60 mil millones de pesos que tienen que ver con el famoso punto de coparticipación que le quitaron a la provincia en el año 1988”, afirmó.
El diputado hizo referencia a la modificación de los recursos coparticipables producida durante el gobierno de Raúl Alfonsín y señaló que, desde entonces, La Rioja no estaría recibiendo una compensación equivalente por esos fondos.
Comparó la situación riojana con la de la provincia de Buenos Aires. “A la provincia de Buenos Aires la desfinanciaron en 20 billones de pesos”, sostuvo.
Martínez afirmó que ambas jurisdicciones fueron afectadas por la distribución de los recursos y remarcó que La Rioja continúa sin recibir la compensación que reclama por el punto de coparticipación.
El reclamo de las provincias por los recursos nacionales
El legislador también se refirió a una reunión que mantuvo junto a otros dirigentes con ministros de Hacienda de distintas provincias.
“La semana pasada nos reunimos con los ministros de Hacienda de las provincias y plantearon un panorama desolador”, señaló.
Durante el encuentro, según explicó, se analizaron distintos aspectos vinculados con las finanzas provinciales, entre ellos las transferencias de recursos, las cajas jubilatorias y el financiamiento de la obra pública.
Martínez cuestionó además el incumplimiento de acuerdos relacionados con las cajas previsionales de las provincias y sostuvo que la situación financiera de las jurisdicciones es cada vez más compleja.
La Rioja y el debate por el Presupuesto 2027
Las declaraciones del diputado nacional se producen en el marco de las discusiones vinculadas con el Presupuesto 2027, donde las provincias buscan incorporar sus reclamos por los recursos que reciben de Nación.
En La Rioja, el planteo sobre los fondos de coparticipación constituye uno de los principales reclamos frente al Gobierno nacional. Desde el oficialismo provincial sostienen que la falta de determinadas transferencias y compensaciones impacta directamente sobre las cuentas públicas y limita la capacidad de financiamiento de obras y servicios.
El tema volverá a formar parte del debate político y legislativo de cara a la discusión del próximo presupuesto nacional, en un escenario marcado por el reclamo de distintas provincias por una mayor previsibilidad en el envío de recursos.
