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El presidente de Brasil definió la medida como “justicia tributaria”. La aprobación del Senado ocurrió este miércoles.
Jueves 06 de Noviembre de 2025
15:38 | Jueves 06 de Noviembre de 2025 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El Senado de Brasil aprobó una histórica reforma fiscal, que fue considerada uno de los principales triunfos desde que Lula da Silva llegó al poder. Entre los puntos más fuertes, aparece la quita del impuesto sobre la renta a los trabajadores con salarios más bajos y la aparición de un tributo para los “ultrarricos”.
“Hoy es un día histórico. Dimos un paso decisivo para un país más justo”, celebró Lula en su cuenta de X (ex Twitter). El mandatario destacó que fue una “victoria de la democracia y de la justicia social” y agradeció al Congreso por la aprobación, que se dio por unanimidad en ambas cámaras. “El nombre de esto es justicia tributaria. Quien gana mucho va a contribuir con su justa parte”, agregó.

La reforma, una de las grandes prioridades del tercer mandato de Lula, establece:
Según el gobierno, esta medida beneficiará a unos 25 millones de brasileños.
“Se trata de hacer valer el principio de progresividad tributaria: quien tiene menos paga menos y quien tiene más, efectivamente, paga más”, declaró el senador Renan Calheiros, relator del proyecto.
Para compensar la cuantiosa pérdida en la recaudación, la medida establece un gravamen mínimo para las grandes fortunas. Este impuesto afectará a quienes ganan más de 600.000 reales al año (113.000 dólares) y tendrá un máximo del 10% para aquellos con rentas superiores a 1,2 millones de reales anuales (223.000 dólares).

Este nuevo tributo mínimo tendrá en cuenta los dividendos recibidos por participaciones empresariales, que son la principal fuente de renta de los más ricos. Según el Ministerio de Hacienda, este incremento afectará apenas al 0,13% de los contribuyentes.
La reforma fue una de las “promesas estrella” de Lula en la campaña de 2022 y es considerada clave para sus aspiraciones de reelección en octubre de 2026. Ahora, el presidente deberá sancionar la ley para que entre en vigor el próximo año.
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