Claves de la reforma migratoria que prepara el Gobierno para reforzar el control fronterizo

El Gobierno nacional avanza en la redacción de un decreto de reforma migratoria con el objetivo de profundizar los controles en las fronteras y fortalecer las funciones de la Dirección Nacional de Migraciones, con medidas que endurecerían los requisitos de ingreso al país.

Según fuentes oficiales, la iniciativa busca ampliar las facultades del organismo para aplicar un enfoque más estricto, en línea con los cambios ya introducidos este año mediante el DNU 366/2025. Aquella norma reformuló el régimen migratorio con mayor supervisión sobre quienes ingresan al país, control del acceso a beneficios sociales y estímulos a inversiones extranjeras, como la ciudadanía por inversión.

Desde el Ejecutivo explican que la nueva medida servirá para ajustar y reglamentar aspectos que quedaron pendientes, con la intención de consolidar una doctrina de seguridad más rígida, especialmente en relación con países considerados de menor vigilancia.

Reforma migratoria y visa para más países

En ese marco, se analiza incrementar los controles de antecedentes de los visitantes y sumar la exigencia de visas para ciudadanos de más naciones.

Actualmente, Argentina ya solicita visa a viajeros provenientes de varios países de Asia y África, como China, Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Burundí, Camerún, Egipto entre otros. Con la reforma, esa lista podría ampliarse como parte de una estrategia para supervisar con mayor detalle el ingreso de extranjeros al territorio nacional.

Hasta ahora, Migraciones se ocupaba principalmente de la gestión de residencias, ciudadanías y control de ingresos. Sin embargo, las reformas recientes incorporaron criterios más severos, como la deportación de personas condenadas por delitos cometidos en el país y el pago de servicios de salud y educación por parte de quienes no tengan residencia regular.

Además, el marco normativo vigente establece que solo se concede la ciudadanía argentina a quienes acrediten dos años de residencia continua, sin salidas del país. Desde el Gobierno remarcan que las personas en situación irregular ya no podrán acceder automáticamente a ese beneficio, reforzando así una política migratoria más restrictiva.