19:26 | Miércoles 17 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El RIGI que quiere el Gobierno
El RIGI es el Registro de Incentivo a las Grandes Inversiones, que fue aprobado junto a ley Bases. Javier Milei promueve una versión ampliada con más concesiones, que si avanza este proyecto estará vigente cinco años y con beneficios vigentes durante 30 años. La única condición de desembolsar el 20% -no menos de u$s 200 millones- en los primeros dos.
Las empresas seleccionadas tendrían alícuotas reducidas del 15% al impuesto a las Ganancias, una reducción del 20%. El RIGI actual, que vence en un mes, la fija en 25%. Un aspecto polémico es la baja de cargas patronales, con rebajas del 10% para los nuevos empleos. En los valores actuales, una industria paga el 18% de seguridad social y el 6% de obra social.
Este cambio fue una de las principales objeciones del peronismo, que alertó sobre el desfinanciamiento del sistema previsional. “No se dan cuenta de la enorme inequidad que genera. El que se jubila tendrá un patrón que habrá aportado menos a ANSES que el dueño de un kiosco. Y se quejaban de la moratoria”, protestó Agustín Rossi, de UP.
Otras ventajas incluidas son la amortización acelerada de inversiones, para descargar los balances de la nueva empresa el costo de los desembolsos a gran velocidad. Se baja a la mitad el pago del impuesto a giro de dividendos (de 7% a 3,5%), mientras que el IVA (21%) sólo se abonará mediante Certificados de Crédito Fiscal electrónicos emitidos por el Estado. Las provincias pueden adherirse, pero deben reducir la carga impositiva local, con bajas de Ingresos brutos, sellos y tasas locales.
Otros cambios
Además de favorecer a los proveedores locales, entre los cambios al dictamen se incorporó un beneficio extra a las empresas de Investigación y Desarrollo (I+D), para que su inversión pueda considerarse el doble del valor, lo que facilitaría el ingreso de las Pymes.
Por pedido del PRO, se creó un Registro Público de los Proyectos, para evitar la discrecionalidad, como también se establecieron nuevos objetivos prioritarios, como fomentar las capacidades técnicas y el desarrollo de insumos.
También se incorporó un artículo para dejar claro que se favorezcan a nuevas actividades, mientras que la reglamentación del Poder Ejecutivo deberá tener “criterios objetivos y parámetros mensurables”.
Ese fue un pedido de la diputada macrista Daiana Molero, quien además exigió informes anuales de costos fiscales. “Está bueno dar un paso en esa dirección, porque hubo críticas lógicas”, sostuvo la legisladora.
La incorporación de proveedores locales fue un reclamo airado de los partidos provinciales, molestos por la falta de participación de las industrias de sus provincias.
Como el sistema no tiene sectores específicos, en la oposición aseguran que es un traje a medida para las empresas de inteligencia artificial, interesadas en construir centros de datos. Las miradas apuntan a Peter Thiel, dueño de Palantir, flamante residente en el país.
El dueño de los datos
El peronismo y la izquierda apuntaron contra el empresario preferido de Milei. “Se le podría decir ley Palantir”, sostuvo Rossi, quien alertó sobre el uso de energía para el desarrollo de estos proyectos. “Dicen que no se pueden interrumpir. ¿Saben entonces quién los va a terminar? El Estado”, vaticinó el santafesino.
Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, también apuntó a Thiel. “Usa el sistema que está vinculado a controlar y reprimir a los inmigrantes en Estados Unidos”, denunció.
Su par Néstor Pitrola denunció que Argentina será una “zona franca” con el Súper-RIGI. El diputado logró ganarse las risas de sus pares, cuando le respondió al libertario Bertie Benegas Lynch, que le pedía reducir su discurso a cuatro minutos.
“En cuatro están ustedes frente al monopolio”, ironizó el diputado. Encendió una alerta: dijo que los tribunales extranjeros, como está redactado el sistema, pueden accionar si se quita alguna reducción impositiva.
La respuesta oficialista, para este y otros reclamos, es que las inversiones que acceden a este programa no existirían sin se sanciona esta iniciativa. “Si un alumno de la universidad menciona este argumento, lo bochan”, ironizó el jefe de UP, Germán Martínez.
Pagos a buitres, con acuerdo
El oficialismo consiguió dictamen en la comisión de Presupuesto a la iniciativa aprobada en el Senado para cancelar deuda con un grupo de acreedores. Se trata de un trámite legislativo accidentado, que debió revisarse en la cámara alta, porque Toto Caputo había enviado mal el listado de holdouts.
La iniciativa apunta a pagar una sentencia judicial, que estableció una conciliación celebrada entre la República Argentina y el grupo de acreedores encabezados por Bainbridge, que recibirá 67 millones de dólares; y Attestor Value Master Fund LP, que percibirá 104 millones.
Sebastián Amerio, procurador del Tesoro, justificó la corrección realizada en la cámara alta. “No es una restructuración de deuda. El error material lo cometió Attestor y no nosotros y es por eso hicimos una adenda. Se eliminaron bonos que no estaban en poder de los fondos y se agregaron otros”, justificó la adenda. El funcionario negó la intervención de Bancos como intermediarios, con eventual cobro de comisiones.
Itai Hagman, de UP, pidió precisiones sobre qué bonos dejaron de pertenecer al fondo buitre y no las tuvo. “Estamos pagando sentencias. Por algunos bonos se condenó y otros no. Con los acreedores quedó claro que tenían que entregar todos los bonos que Argentina van a ser entregados”, respondió Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía de la Nación.
La reunión terminó ajetreada, porque el diputado Juan Grabois invitó a pelear en la calle a Benegas Lynch, a cargo de coordinar el plenario. No le perdonó que no lo dejara hablar.
