El abogado explicó que junto a otros colegas presentó acciones ante el Tribunal Superior de Justicia para cuestionar las leyes 10.896 y 10.901 y reclamó que se garantice el ejercicio profesional.
20:02 | Martes 15 de Septiembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Fenix, el abogado Santiago Chiabrando se refirió al reclamo presentado junto a otros profesionales ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja por las dificultades que, según sostuvo, generan las leyes provinciales 10.896 y 10.901 en el desarrollo de procesos vinculados a créditos, ejecuciones y contratos.
Chiabrando explicó que el reclamo surgió a partir de una reunión realizada en el Consejo de Abogados y que posteriormente se decidió avanzar por la vía judicial para cuestionar la constitucionalidad de las normas. Según señaló, una de las leyes ratifica el DNU del Ejecutivo provincial relacionado con los créditos y la problemática de la usura.
El abogado sostuvo que, a su entender, las normas modifican las condiciones de exigibilidad de obligaciones que fueron asumidas previamente mediante contratos. En ese sentido, remarcó que las personas que suscriben un contrato adquieren obligaciones que deben ser cumplidas conforme a las condiciones establecidas.
Respecto de la eventual existencia de usura, Chabrando aclaró que esa determinación corresponde a la Justicia. “La ley nacional prevé que quien determina si existe o no existe usura es el juez y quien adecua los intereses es el juez”, sostuvo.
Uno de los principales cuestionamientos del abogado está relacionado con el impacto de las nuevas disposiciones sobre el ejercicio profesional. Afirmó que las restricciones para iniciar ejecuciones, realizar embargos o solicitar medidas precautorias generan dificultades para los abogados que trabajan en este tipo de procesos.
Además, planteó su preocupación por versiones que indicaban que se habrían suspendido embargos de haberes que ya habían sido ordenados en procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de las nuevas normas. Según Chabrando, de confirmarse esa situación, podría afectar derechos patrimoniales y el cumplimiento de resoluciones judiciales previas.
El profesional también reconoció que existe una problemática vinculada al acceso al crédito y a las condiciones de las obligaciones financieras en la provincia, pero sostuvo que postergar los conflictos no significa resolverlos. “Patear el problema para que se resuelva de acá a un año, de acá a dos años, no es resolver un problema”, afirmó.
Actualmente, las acciones presentadas por los abogados y por un acreedor tramitan ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en su Secretaría Originaria. Chabrando explicó que, al tratarse de acciones de amparo, esperan que el tribunal avance con el trámite durante esta semana.
Según indicó, uno de los próximos pasos será dar intervención al fiscal general adjunto, debido a que actualmente la provincia no cuenta con fiscal general en funciones. El abogado estimó que durante los próximos días podrían conocerse novedades sobre las presentaciones realizadas.
