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El periodista Edgardo Romero, de ABC Color, explicó que el Senado juzga a Santiago Peña, que no se presentó. Dijo que la renuncia quedó pendiente porque el Congreso se quedó sin quórum y que se esperaba un nuevo presidente hacia las 18.
Viernes 06 de Noviembre de 2026
16:18 | Viernes 06 de Noviembre de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
En diálogo con Multiplataforma Fénix, el periodista de ABC Color Edgardo Romero describió el juicio político al presidente paraguayo Santiago Peña, que estaba en la etapa de alegatos finales, con los diputados actuando como fiscales acusadores y el Senado como tribunal. Calculaba que hacia las 18 habría un nuevo presidente. Indicó que Peña no se presentó, a pesar de lo que había anunciado en redes, y que solo concurrieron sus abogados defensores.
Explicó que la renuncia presentada ante el Congreso en pleno quedó pendiente: no se aprobó ni se rechazó porque la sesión se levantó por falta de quórum. En paralelo, 78 diputados votaron por unanimidad avanzar con el juicio político, y ese documento es el que analiza el Senado. Sostuvo que se intentó una salida política y expeditiva, pero que la mayoría entendió que aceptar la renuncia le habría dejado a Peña fueros parlamentarios, por lo que se optó por seguir el proceso. Contó que a las 7 de la mañana Peña presentó otro escrito pidiendo 72 horas para preparar su defensa, que fue rechazado, y que luego se lo convocó con media hora de plazo, sin que concurriera.
Afirmó que, tras el retiro del apoyo de Horacio Cartes, Peña “no tiene otra salida”: no cuenta con respaldo ciudadano ni político, ni siquiera de su propio partido, y sería inviable gobernar 19 meses. Señaló que había otra posibilidad: aceptar la renuncia y luego pedir el desafuero, pero eso dependía también de un juez y no solo de la política.
Sobre Banco Bueno, aclaró que el sistema financiero paraguayo tiene estabilidad, solvencia y liquidez, y que el problema se originó en una entidad levantada con fondos públicos, entre ellos del Instituto de Previsión Social. Sostuvo que una ley modificada al asumir esta administración permitió que funcionarios del sector bancario pasaran a la función pública y se beneficiaran con información. Explicó que el banco tenía unas 19 empresas vinculadas y que el dinero público giraba en torno a ellas. Mencionó que un informe interno, conocido como informe Rivarola, alertó la situación, y que los organismos de control no accionaron a tiempo.
Respecto de la situación social, dijo que no hay un corralito: se desembolsan fondos de los ahorristas en otras entidades, hasta 40 salarios mínimos en una primera etapa, y que hay manifestaciones frente al Congreso para exigir el juicio político. Señaló que Peña seguiría en la residencia presidencial, con seguridad reforzada en instituciones del Estado.
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