El Gobierno acelera el Súper RIGI, seduce a los gobernadores y ya le puso fecha a su aprobación

En medio de las tensiones internas y el nuevo escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno apura en Diputados el tratamiento del Súper RIGI y busca cerrar acuerdos con los gobernadores para alzarse con la media sanción antes de fines de junio.

Martín Menem, presidente de la Cámara baja, prepara una sesión para el próximo 24 de junio con un temario que incluiría este proyecto de promoción de nuevas inversiones, con una base de US$1.000, como así también el acuerdo de pago a los fondos buitre que tiene la aprobación del Senado, y la ley de Lobby, si consigue el dictamen de comisión.

Desde el oficialismo confían en que la próxima semana conseguirán sacar despacho del Súper RIGI para dejarlo listo para el recinto. Incluso mantienen un fuerte optimismo de que tendrán los votos para darle la media sanción con un piso de 130 votos entre propios y aliados.

Pero lo cierto es que el plenario de las comisiones de Presupuesto, de Industria, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, convocado este miércoles para continuar con el análisis del Súper RIGI, se vio cruzado por el nuevo escándalo que salpica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en momentos que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito solicitó la adhesión al régimen simplificado de Ganancias que está contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal.

Aunque el ex vocero negó la versión y aclaró que juntó a su esposa se adhirió al régimen de declaración jurada simplificada. El hecho fue aprovechado por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien advirtió que estaban pasando "cosas raras" y luego de hacer referencia al caso del jefe de Gabinete llamó a la ley de Inocencia Fiscal como "la ley Adorni".

Durante la reunión se escuchó el testimonio de Carlos Ormachea, presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, único invitado para la reunión de este miércoles, quien destacó el espíritu de la propuesta enviada por el Gobierno.

Según el empresario, la política del Gobierno baja los riesgos empresarios y aventuró que la iniciativa "hace que muchos proyectos que estaban en la cola se adelanten y muchos que otros los hubiesen quedado afuera salen para adelante".

Sin embargo, la kirchnerista Julia Strada cargó duro contra la propuesta del Gobierno porque "no están previstos los proveedores locales en el Súper RIGI" al tiempo que alertó el costo fiscal que demandará el proyecto. Incluso aseguró que varias provincias están pudiendo negociar con las empresas que se adhirieron a la primera versión del RIGI. Y citó los casos de Rio Negro, San Juan y Santa Cruz.

La bullrichista Laura Rodríguez Machado salió al cruce de la controversia por el costo fiscal y aseguró que "no se pierde nada con este régimen porque no está esa producción, no están las empresas".

Silvana Giudici (LLA) también salió a cruce de las críticas del kirchnerismo y remarcó que el costo fiscal es cero. Estamos hablando de un proyecto para poner a la Argentina en el radar de las grandes inversiones del mundo. Competir desde este último lugar en el mundo con países de economía desarrolladas", resaltó.

Para acceder al Súper RIGI se requiere un piso de inversión de 1.000 millones de dólares y los que adhieran obtendrán estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años y un paquete de beneficios que incluye reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de hasta el 60% de la inversión en el primer año.