El municipio de Gral. Angel Vicente Peñaloza devolvió más de $10 millones a la Nación tras una demanda por incumplimiento de convenio

09:55 | Lunes 15 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma

La Municipalidad del Departamento General Ángel Vicente Peñaloza, una de las comunas más pequeñas de La Rioja, reintegró al Estado nacional $10.490.525,56 en concepto de capital e intereses, luego de una demanda que el Ministerio del Interior promovió ante la Justicia federal por el incumplimiento de un convenio de transferencia de fondos suscripto a fines de 2020. El expediente, que tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, entró en su etapa final: el propio Estado nacional solicitó que se declare concluido el proceso.

El origen del reclamo

La controversia se remonta al Convenio CONVE-2020-89726122, firmado el 22 de diciembre de 2020 entre el entonces Ministerio del Interior y el gobierno local riojano. Por ese acuerdo, la Nación transfirió al municipio $5.571.900, suma que se hizo efectiva el 8 de enero de 2021.

El problema surgió con la rendición de cuentas. Según consta en las actuaciones, la comuna no subsanó las observaciones formuladas a la documentación presentada. Frente a ese incumplimiento, la entonces Secretaría de Municipios dispuso, mediante la Resolución 946 del 6 de diciembre de 2023, la rescisión del convenio. En abril de 2025, una nueva resolución instruyó al servicio jurídico a iniciar las acciones legales para recuperar el dinero transferido.

La devolución: capital más intereses

La presión judicial dio resultado. El 8 de agosto de 2025 —ya con la demanda en marcha— el Gobierno Local de Peñaloza reintegró la totalidad de los fondos: $5.571.900 de capital más $4.918.625,56 de intereses, lo que elevó el monto final a $10.490.525,56. Los intereses representaron casi el 88% del capital original, una proporción que refleja el peso del tiempo transcurrido y de la inflación entre la transferencia y la restitución.

La devolución fue formalmente aceptada por la cartera de Interior a través de la Resolución RESOL-2026-65, firmada el 24 de abril de 2026 por la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del ministerio.

El expediente, cerca del archivo

Con la resolución administrativa en mano, el apoderado del Estado nacional se presentó el 3 de junio ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 para informar el cumplimiento de la obligación y pedir que se declare concluido el juicio. En el mismo escrito solicitó la regulación de los honorarios profesionales y el pago de la tasa de justicia, y dejó asentado que las costas del proceso deben recaer sobre el municipio, por haber dado origen a la demanda.

El juzgado dispuso correr traslado a la parte demandada por el término de cinco días, según la resolución que le fue notificada al municipio el 11 de junio, de acuerdo con la cédula a la que accedió eduardogerman.com. Una vez vencido ese plazo, el tribunal quedará en condiciones de dar por terminado el expediente y ordenar su archivo.

El caso ilustra el endurecimiento del control nacional sobre los fondos girados a los municipios y la disposición del Estado a judicializar las rendiciones observadas, incluso cuando los montos son acotados. Para una comuna de poco más de 3.000 habitantes como Peñaloza —cuya cabecera es Tama, en los Llanos riojanos—, un reintegro superior a los $10 millones no es un dato menor en su estructura de gastos. El expediente también deja una señal para el resto de los municipios riojanos con convenios pendientes de rendición: en el actual esquema de relación entre la Nación y las provincias, la falta de respaldo documental de los fondos transferidos puede terminar, como en este caso, en los tribunales federales y con la factura de los intereses a cuenta del erario local.

La resolución