El máximo tribunal quedó en condiciones de dictar sentencia en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional.
09:36 | Miércoles 13 de Mayo de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio en las últimas horas un paso clave en el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario. Tras los movimientos procesales de la jornada, el tribunal quedó habilitado para resolver el fondo de la cuestión, lo que genera fuertes expectativas de cara a la reunión de acuerdo del próximo jueves.
De acuerdo con la normativa vigente, el máximo tribunal no tiene la obligación de girar el expediente al Ministerio Público Fiscal para obtener una opinión previa, lo que acelera los tiempos legales. No obstante, no existen plazos formales estrictos para que los ministros emitan su veredicto final.
El origen del conflicto: leyes, vetos y presupuesto
La disputa judicial se centra en la aplicación de la ley que establece la actualización automática de partidas por inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y el refuerzo de fondos para infraestructura, hospitales universitarios y becas.
El Gobierno, que intentó frenar la norma mediante un veto parcial en 2025, sostiene que la ley es inviable porque no especifica el origen de los fondos. La tensión escaló este año con la Ley de Presupuesto 2026 y la Decisión Administrativa 20/2026, que limitaron severamente la ejecución de estos recursos.
La cuarta marcha universitaria fue masiva.
La cuarta marcha universitaria fue masiva.
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Ante este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó una medida cautelar que ya cuenta con fallos favorables en primera y segunda instancia. El Ejecutivo, por su parte, recurrió a la Corte argumentando que el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la norma provocaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.
Tensión política: marcha federal y respuesta oficial
Mientras la justicia avanza, la presión social se hizo sentir en las calles. Este martes, una multitudinaria movilización hacia Plaza de Mayo reclamó la plena vigencia de la ley. Sin embargo, desde el entorno del presidente Javier Milei minimizaron el impacto de la protesta.
Desde la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei siguió de cerca el desarrollo de la jornada, limitándose a interactuar en redes sociales con mensajes que calificaban la movilización como una "marcha política". En sintonía con esta postura, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, actuó como la voz oficial del Gobierno al insistir en que la protesta fue "orquestada por la oposición" con el único objetivo de erosionar la gestión actual y utilizar una causa noble para fines partidarios.
"Vimos dirigentes políticos, candidatos y sindicalistas intentando sacar provecho de una causa noble", afirmó Álvarez en declaraciones radiales, ratificando la postura de la Casa Rosada frente al conflicto.
Ahora, la mirada está puesta en el cuarto piso de Talcahuano 550. Una sentencia de la Corte no solo definiría el presupuesto educativo, sino que marcaría un precedente clave sobre la facultad del Congreso para legislar gastos frente a la política de déficit cero del Ejecutivo.
