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La iniciativa presentada en la Legislatura y busca declarar inválidos los límites fijados en 1968 y reclama áreas estratégicas vinculadas a la minería y al turismo, generando una nueva tensión institucional con la provincia de San Juan.
Jueves 18 de Junio de 2026
14:56 | Jueves 18 de Junio de 2026 | La Rioja, Argentina | Fenix Multiplataforma
El proyecto del Ejecutivo riojano fue presentado en la Cámara de Diputados de La Rioja y apunta a ratificar el rechazo provincial al acuerdo de límites firmado entre los entonces gobiernos de facto de ambas provincias. Además, otorga facultades a la Fiscalía de Estado riojana para impulsar medidas cautelares y otras acciones legales, según publicó el portal riojano Rioja Política.
La novedad representa un nuevo avance institucional en una discusión que Quintela viene impulsando desde hace varios años y que cobró especial relevancia a partir de abril de este año, cuando se cortó el ingreso de camiones mineros desde San Juan y luego escaló al reclamo limítrofe por el cerro El Potro y el paraje turístico Ischigualasto.
La ley que impulsa Quintela
Según informó Rioja Política, el proyecto ratifica en todos sus términos la Ley Provincial N° 3.468, mediante la cual La Rioja rechazó el acuerdo de límites firmado en 1968 por los interventores militares Guillermo Iribarren y Edgardo Gómez.
A su vez, la iniciativa declara el "rechazo absoluto" a la Ley Nacional N° 18.004, sancionada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, norma que fijó los límites entre ambas provincias y que continúa vigente hasta la actualidad.
Desde el gobierno riojano sostienen que aquella legislación presenta una "nulidad de origen", ya que consideran que una definición de límites provinciales debía haber sido tratada por el Congreso Nacional y no resuelta mediante un acuerdo entre autoridades designadas por una dictadura.
El foco puesto en la minería
Más allá de la discusión histórica, el proyecto incorpora herramientas concretas para avanzar judicialmente. Entre otras medidas, instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones legales y solicitar medidas cautelares de no innovar o tutela anticipada para resguardar recursos naturales, hídricos, arqueológicos y mineros ubicados en las zonas que La Rioja considera propias.
La intención es impedir cualquier acto de explotación o disposición de recursos hasta que exista una resolución definitiva sobre la cuestión territorial. El planteo vuelve a poner en el centro de la escena a sectores cordilleranos donde se desarrollan algunos de los proyectos mineros más importantes del país y donde se concentra buena parte del interés económico detrás de la disputa.
Una pelea que lleva décadas
La discusión no es nueva. En abril pasado, Quintela volvió a cuestionar públicamente el acuerdo de límites de 1968 y sostuvo que debía ser revisado por el Congreso Nacional.
Tiempo de San Juan contó semanas atrás la historia del reclamo que lleva seis décadas. Incluso en 2010 el entonces senador nacional Carlos Menem, presentó un proyecto para revisar la legislación que fijó las fronteras entre ambas provincias.
Del lado sanjuanino, la postura histórica y actual de Orrego es defender la plena vigencia de la Ley 18.004 y sostener que durante más de medio siglo los límites establecidos por esa norma fueron aplicados sin objeciones efectivas.
Entre los territorios alcanzados por el reclamo riojano aparecen áreas de enorme valor estratégico, entre ellas sectores vinculados a los proyectos mineros de la cordillera como una parte de Vicuña y también el área de Ischigualasto, conocido popularmente como Valle de la Luna.
Comisión especial y presión
El proyecto enviado por Quintela también contempla la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial. El organismo estaría integrado por diputados provinciales y especialistas en historia, geografía, cartografía y minería, con la misión de reunir antecedentes y coordinar acciones con los legisladores nacionales riojanos. El objetivo final del gobierno de La Rioja es que la legislatura provincial y el Congreso Nacional retome la discusión y avance en una nueva definición de los límites provinciales, una pretensión que hasta ahora no logró prosperar.
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